INFORME LOS DAÑOS REPRESENTAN UN PERJUICIO DE USD 3,1 MILLONES PARA EL ESTADO. LUEGO DE DESPOJARSE DEL APARATO, LOS PROCESADOS HUYEN. 34 TODAVÍA SON BUSCADOS.

Procesados destruyeron 2 100 grilletes electrónicos en 3 años

_ En contexto
Desde mayo del 2018, la Contraloría realiza un examen especial a la adjudicación de los grilletes. En un primer informe, el ente de control detectó al menos cinco fallas, entre estas se indica que los aparatos electrónicos no monitoreaban en tiempo real.

Ana Rosero. Redactora (I)
Los grilletes quedaron inhabilitados. Unos fueron destruidos con martillos. En otros casos, sus manillas de caucho están cortadas con tijeras, cuchillos o sierras. También hay aparatos cuyos circuitos internos y el localizador GPS fueron averiados por completo con estiletes, navajas o agua.
4 966 de estos equipos comenzaron a funcionar desde el 2016, como una alternativa a la prisión preventiva (art. 522 del Código Penal). Tres años después, el Servicio de Rehabilitación dice que desde el inicio del programa, 2 100 han sido destruidos, es decir el 42%.
Tras un estudio de estos casos, la entidad conoció que algunos de los procesados se despojan del grillete apenas abandonan las oficinas judiciales, luego de las audiencias.
Antes de su inhabilitación completa, el dispositivo lanza alertas, pero cuando los policías llegan al sitio que indica el GPS solo hallan el aparato.
Eso ocurrió precisamente con el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, que el 20 de octubre del año pasado se desprendió del equipo, lo abandonó en una carretera y se fugó. Él enfrenta un proceso por presunto peculado.
Datos de Rehabilitación Social muestran que otros procesados hicieron lo mismo y 34 siguen prófugos de la justicia. Son buscados por delitos relacionados con trata de personas, robos de todo tipo, tráfico de drogas y asociación ilícita.
La mayoría de personas ha sido recapturada, pero el Sistema de Rehabilitación dice que los jueces les vuelven a autorizar el uso del grillete.
Por eso, las investigaciones realizadas por esa entidad señalan que hay personas que han vulnerado las seguridades hasta tres y cuatro veces.
Por ejemplo, en noviembre del año pasado, una mujer de 19 años que se había despojado el grillete fue recapturada en su casa, en Durán-Guayas.
Tras ser arrestada, la procesada indicó a los agentes que el dispositivo estaba en casa de un familiar. Cuando fueron a recuperarlo detectaron que la correa había sido arrancada y no se encendía el GPS.
Un caso similar ocurrió en Guayaquil. En abril del 2018, un procesado cortó con un cuchillo la correa que llevaba en su tobillo. Después de que se desprendiera de él, el aparato emitió una señal hacia el centro de monitoreo.
Los policías acudieron a su domicilio y hallaron al hombre con el equipo en la mano y fue detenido.
En una audiencia, él fue procesado por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, que se configura cuando una persona no cumple con la orden de un juez. En el Código Penal (art. 282), este delito es sancionado con cárcel de uno a tres años.
Rehabilitación dice que cada aparato costó USD 1 500 y que la destrucción de los 2 100 significa una pérdida de USD 3,1 millones para el Estado.
Además, la garantía cubre solamente las fallas de fábrica y no los daños provocados.
Actualmente, solo quedan 100 dispositivos disponibles para las personas que necesiten usarlos en caso de recibir una orden de los magistrados.
El director del Servicio de Rehabilitación, Edmundo Moncayo, solicitó al Consejo de la Judicatura que dispusiera a los magistrados que cuando ordenen el uso de un grillete pidan una garantía de USD 1 500 a los beneficiarios de esa medida judicial. La intención es evitar perjuicios al Estado.
En este momento, cuando se reporta una destrucción, las autoridades de Rehabilitación envían a los jueces un informe, en el que se les notifica del daño al bien público.
La idea es que un reincidente no se beneficie más del uso de este dispositivo electrónico.
Este Diario consultó a la Judicatura sobre el tema, pero no hubo respuesta alguna.
El pasado 16 de agosto, la Policía desarticuló en Manta a una banda de ocho personas que supuestamente robaron 14 autos y estafaron a las víctimas pidiéndoles hasta USD 7 000 para que pudieran recuperar sus vehículos.
Uno de los detenidos tenía la orden de usar el aparato, pues un juez había ordenado que saliera con prelibertad y que utilizara la seguridad electrónica.
Según la Policía Nacional, el detenido destruyó el grillete y lo habría arrojado a la calle, para delinquir nuevamente.
El centro de monitoreo alertó de esta situación a los agentes, pues el aparato no registraba movimiento alguno.
Moncayo señala que los magistrados deberían realizar un análisis de los beneficiarios de esta medida y determinar qué delito han cometido.
Moncayo asegura que hoy se otorga incluso a personas que han cometido asesinatos o están involucrados con drogas.
El Código Penal (art. 537) ordena el uso del grillete para vigilancia en tres casos: cuando una procesada está embarazada o está a cargo de un bebé o menor con discapacidad. Los otros dos motivos son cuando el sospechoso es mayor de 65 años y cuando la persona tiene una enfermedad incurable.
Por eso, en el caso del exsecretario jurídico del anterior Gobierno, Alexis Mera, la Fiscalía cuestionó la medida a su favor, pues los jueces de la Corte Nacional levantaron la orden de prisión y ordenaron arresto domiciliario y el uso del grillete electrónico.